Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dictada en línea con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, reafirma un criterio de especial trascendencia para las empresas familiares: a efectos de aplicar la exención de las participaciones en entidades en el Impuesto sobre el Patrimonio, el porcentaje mínimo de participación exigido por la normativa debe calcularse exclusivamente sobre la participación directa del contribuyente, sin que resulte posible computar las participaciones ostentadas de forma indirecta a través de otras sociedades.
Esta interpretación obliga a revisar numerosas estructuras societarias en las que la titularidad de las participaciones se articula mediante sociedades holding o entidades patrimoniales, ya que dicha configuración puede impedir el acceso al beneficio fiscal aunque exista un control efectivo del grupo empresarial.
La participación indirecta queda fuera del cómputo
La exención regulada en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio constituye uno de los principales incentivos fiscales previstos para favorecer la continuidad de la empresa familiar. No obstante, su aplicación exige el cumplimiento simultáneo de diversos requisitos relativos a la actividad de la entidad, el porcentaje de participación y el ejercicio de funciones de dirección.
Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es la determinación del porcentaje mínimo de participación exigido por la normativa. En la práctica, resulta frecuente que una parte de la inversión empresarial se mantenga de forma indirecta mediante sociedades interpuestas, especialmente en grupos familiares que han optado por estructuras holding por razones organizativas, sucesorias o de planificación patrimonial.
Frente a la interpretación sostenida por algunos contribuyentes, el TEAC concluye que únicamente debe computarse la participación directa de la persona física en la entidad cuyas participaciones pretenden quedar exentas. En consecuencia, las participaciones indirectas mantenidas a través de otras sociedades no pueden sumarse para alcanzar el porcentaje mínimo exigido por la ley.
Atención. Si la participación en la empresa se encuentra parcialmente canalizada a través de una sociedad holding o patrimonial, conviene comprobar si la participación directa del socio resulta suficiente para mantener el derecho a la exención.
El TEAC consolida la doctrina del Tribunal Supremo
La resolución no introduce un criterio novedoso, sino que aplica la interpretación previamente fijada por el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal considera que la finalidad de este beneficio fiscal es proteger la participación directa de las personas físicas en las empresas familiares, favoreciendo su continuidad y evitando que la tributación patrimonial dificulte la permanencia del negocio en el ámbito familiar. Sin embargo, dicha finalidad no justifica extender automáticamente la exención a participaciones mantenidas de forma indirecta mediante otras entidades.
Esta interpretación encuentra respaldo tanto en la propia Ley del Impuesto sobre el Patrimonio como en su normativa reglamentaria, de cuya regulación se desprende que el requisito de participación debe analizarse atendiendo exclusivamente a la titularidad directa del contribuyente.
Atención. El hecho de controlar una empresa de forma indirecta no implica, por sí mismo, el cumplimiento de los requisitos necesarios para aplicar la exención.
Las funciones de dirección no suplen la falta de participación directa
La resolución recuerda igualmente que el ejercicio de funciones de dirección constituye solo uno de los requisitos exigidos por la normativa.
Para acceder a la exención es necesario acreditar, además, que dichas funciones cumplen las condiciones legales y que la remuneración percibida representa la principal fuente de renta del contribuyente en los términos establecidos por la ley. No obstante, incluso cuando este requisito concurra plenamente, la exención no resultará aplicable si no se alcanza el porcentaje mínimo de participación directa exigido.
En consecuencia, todos los requisitos previstos por la normativa deben cumplirse de manera acumulativa, sin que el incumplimiento de uno de ellos pueda compensarse mediante el cumplimiento de los restantes.
Atención. El desempeño efectivo de funciones de dirección no permite aplicar la exención cuando no existe la participación directa mínima exigida por la normativa.
La importancia de la prueba documental
Otro de los aspectos destacados por el TEAC es el relativo a la actividad probatoria durante la vía económico-administrativa.
El Tribunal recuerda que el contribuyente puede aportar documentación adicional durante la tramitación del procedimiento con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, siempre que dicha actuación no responda a una conducta abusiva ni suponga un uso improcedente del procedimiento.
No obstante, desde una perspectiva preventiva, resulta aconsejable disponer desde el inicio de toda la documentación que permita acreditar la estructura societaria, la titularidad de las participaciones, el ejercicio efectivo de las funciones de dirección y la correspondiente remuneración. Una adecuada preparación documental reduce significativamente el riesgo de regularizaciones y facilita la defensa de la posición del contribuyente.
Un criterio que aconseja revisar las estructuras societarias
La doctrina consolidada por el Tribunal Supremo y asumida por el TEAC tiene un impacto directo sobre numerosas empresas familiares cuya organización se articula mediante sociedades holding o estructuras de participación escalonadas.
Aunque estas estructuras respondan a motivos empresariales, organizativos o sucesorios plenamente legítimos, ello no garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos para disfrutar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Por este motivo, resulta recomendable revisar periódicamente la estructura de participación de cada socio, verificar quién ejerce efectivamente las funciones de dirección y comprobar que concurren todos los requisitos legales antes de presentar la correspondiente autoliquidación.
Una revisión preventiva permitirá minimizar riesgos fiscales, anticipar posibles contingencias y dotar de mayor seguridad jurídica a la aplicación de uno de los beneficios fiscales más relevantes para la empresa familiar.