Circulares

La publicación de la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, completa el desarrollo técnico de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y activa el calendario para su implantación. Las empresas deberán adaptarse progresivamente a partir de octubre de 2027, en función de su volumen de operaciones. La implantación de la factura electrónica obligatoria […]

Hacienda ha anunciado un nuevo aplazamiento de las obligaciones pendientes de VeriFactu hasta octubre de 2028, con el objetivo de coordinar su entrada en vigor con la factura electrónica obligatoria y evitar que empresas y autónomos tengan que adaptar sus programas de facturación en varias ocasiones. La implantación de VeriFactu vuelve a retrasarse. Tras haberse

Una donación de participaciones puede haberse realizado correctamente, haber permitido aplicar una importante reducción fiscal y, sin embargo, generar consecuencias fiscales varios años después. Esto puede ocurrir cuando la sociedad cambia de rumbo, vende su negocio o deja de desarrollar la actividad económica que justificó, en su momento, la aplicación del régimen fiscal de la

  Han pasado cuatro años desde que se presentó una declaración tributaria y surge una pregunta aparentemente sencilla: ¿podemos eliminar las facturas y el resto de documentación de ese ejercicio? La respuesta no siempre es afirmativa. El plazo general de prescripción tributaria es de cuatro años, pero no debe confundirse con el periodo durante el

  Han pasado cuatro años desde que se presentó una declaración tributaria y surge una pregunta aparentemente sencilla: ¿podemos eliminar las facturas y el resto de documentación de ese ejercicio? La respuesta no siempre es afirmativa. El plazo general de prescripción tributaria es de cuatro años, pero no debe confundirse con el periodo durante el

Cuando la Inspección se persona en una empresa, es fundamental conocer tanto las facultades de Hacienda como sus límites. Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), de 23 de junio de 2026, aclara una distinción especialmente relevante: una empresa puede oponerse, cuando proceda, a la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido, pero eso no